En los últimos días
hemos podido ver en la prensa la constatación
de lo que ya sabíamos: el todopoderosísimo
rey de Marruecos prepara un plan de
autonomía para el Sahara Occidental,
al objeto de ser presentado en la
O.N.U. Este plan, que no puede ser
otra cosa que un mecanismo de defensa
ante la creciente pérdida de
legitimidad de las posiciones marroquíes
en el conflicto, se guarda tan celosamente
que, salvo el objetivo último
del mismo (la autonomía), nada
se sabe de él. Ahora parece
que va a ser entregado al Real Consejo
Consultivo para los asuntos saharianos,
un órgano que, según
El Pais de 26 de marzo, existe desde
1999, pero cuya composición
fue renovada el día antes de
la publicación de la noticia,
en una nueva demostración del
talante de reyezuelo africano, en
la peor acepción de este término,
de que hace gala Mohamed VI ante la
mirada impasible de la Comunidad internacional:
entrega un Plan de alto alcance a
un Consejo que, a pesar de ser nombrado
por él, muy afín no
debía serle cuando lo renueva
justo para estudiar dicho Plan.
Por las propias
declaraciones de Mohamed VI, realizadas
en la reciente visita a El Aaiun,
el Consejo Consultivo deberá
“ ...contribuir a defender la
marroquinidad del Sahara”. Observemos
esta frase con detenimiento:
1. En primer
lugar, en cualquier régimen
mínimamente democrático
no se le ordena a un Consejo lo que
ha de decir; al ser Consultivo, luego
el que consulta podrá decidir
lo que le plazca, pero un personaje
dictatorial no puede, obviamente,
permitir ni siquiera un consejo discordante;
por eso, avisa de antemano sobre cual
debe ser el sentido de la respuesta
a la consulta.
2. Al dejar clara
cual es la finalidad del Plan (pensamos
que, para él, el contenido
es lo de menos; lo único importante
es el fin), está ratificando
que no piensa con él cumplir
ninguna de las resoluciones del Consejo
de Seguridad habidas sobre el conflicto,
entre ellas el Plan Baker II adoptado
por unanimidad de dicho órgano
en 2003.
3. Obviamente, y ante la comprensión
de nuestro gobierno, las autoridades
marroquíes no han acreditado
a la prensa española para la
visita real al Sahara ocupado, en
lo que es una muestra mas de desprecio
por la libertad de expresión,
los comportamientos democráticos,
y el talante real de “nuestro
amigo del sur”,
Ante tal
estado de cosas, nos surgen bastantes
interrogantes que, a modo de fomento
del debate público, dejamos
sobre el tapete sin contestar, aunque
para nosotros están claras
las respuestas:
1. ¿Podemos
entender que un representante del
partido en el gobierno, con altas
responsabilidades entre las que están
ser el portavoz en la Comisión
de Asuntos Exteriores del Congreso,
diga textualmente sobre esta desconocida
propuesta que “...puede abrir
un nuevo escenario que la comunidad
internacional deberá analizar
(diario El Pais, 26 de marzo de 2006)”?¿Cómo
lo sabe, si aún nadie conoce
el contenido?
2. ¿Dónde está
el compromiso indeleble del gobierno
español con la legalidad internacional,
aquella que se ha reclamado, con razón,
en caso de resoluciones sobre Irak,
Palestina, Afganistán,...y
tantos otros casos en los que cumple
e invita a cumplir taxativamente las
resoluciones de Naciones Unidas?
3. ¿Cómo
casa el interés de España
de ser protagonista en el concierto
de las naciones, en el que casi nunca
pintamos nada, y la táctica
del avestruz desplegada en el único
conflicto en el que, por la situación
legal del territorio en disputa, la
voz española es de un poder
real y moral incuestionable?
4. La misma noticia
de El Pais dice que “...el gobierno
guarda silencio...”¿Se
esconde nuestro gobierno en este asunto
o, por el contrario, al negarse a
hacerse depositario de la tremenda
deuda histórica de España
con el pueblo saharaui siente tal
vergüenza a exponer públicamente
su posición que prefiere callar
y actuar bajo la mesa?
Dejamos, como
hemos dicho, estos interrogantes sobre
el tapete, pero no podemos concluir
sin decirle al gobierno de España
que, en el Movimiento de solidaridad
con el pueblo saharaui somos muchos,
somos conscientes de nuestro poder,
y que queremos que nuestro gobierno
lidere el proceso de forma clara,
adoptando el papel que, en este asunto,
le corresponde a nuestro país.