S. L. / Madrid - Periódico Diagonal

Cada año, más de 8.000 niños refugiados de Tinduf pasan el verano con familias españolas gracias a unas 250 asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui. Pero su actividad va mucho más allá de lo humanitario.

DIAGONAL: ¿Cuáles son vuestras principales líneas de acción?

JOSÉ TABOADA: Tenemos dos líneas generales. Una es la humanitaria: ayuda en sanidad, proyectos de cooperación al desarrollo (construcción y equipamiento de escuelas, dispensarios, huertos para producción agrícola...), tratamiento de enfermos en las 16 casas que tenemos en España para atender a saharauis que no pueden ser tratados en los campamentos o en Argelia, y el envío de alimentos, a través de las caravanas “deja tu huella en el desierto”. La otra línea, igual de importante, es la sensibilización: queremos que no se olvide que existen los campamentos, que existe un pueblo que lucha y romper el muro de silencio para que la sociedad exija al Gobierno de turno que asuma su responsabilidad histórica, moral y política y ayude a los saharauis a decidir libremente su futuro.

D.: ¿Qué estáis haciendo para presionar al Gobierno?

J.T.: Todo tipo de cosas. Con los granitos que hemos ido sembrando con charlas, huelgas de hambre, encierros, recogida de firmas, manifestaciones, etc., hemos conseguido que la sociedad tenga un cierto interés por el Sáhara. Por eso el Gobierno tiene mucho cuidado con los pasos que da y camufla su postura. Habla mucho del derecho de autodeterminación aunque por debajo haga otra cosa. Y es que hay una sociedad vigilante, votante de izquierda, militante del PSOE, que estaría muy defraudada si ve que su partido lleva una política claramente pro marroquí.

D.: ¿Qué podemos esperar de esos votantes del PSOE, muchos de los cuales militan en asociaciones pro saharauis?

J.T.: Hay gente en la base del PSOE, no mucha, que está presionando al Gobierno para que cambie su política. En la última Conferencia Política del PSOE, un grupo de Izquierda Socialista solicitó que se incluyese en la declaración final el apoyo a la autodeterminación saharaui para comprometer al partido y al Gobierno, pero la propuesta fue rechazada. El aparato arrastra con todo: hasta con Leire Pajín, que fue presidenta de los Amigos del Pueblo Saharaui de Benidorm y ahora repite lo que su ministro.

Siempre hemos mantenido la independencia de cualquier partido político, porque nuestro objetivo es muy sencillo: la autodeterminación de los saharauis. Y aquí se admite todo: gente de izquierdas, de la izquierda radical, de centro o de derechas. Esto nos ocasiona dificultades, porque si no tenemos partidos políticos que nos apoyen tampoco tenemos a los medios de comunicación, que están a su servicio. IU siempre ha estado con nosotros pero tiene la fuerza que tiene. También contamos con los sindicatos, la mayoría de las ONG y el Consejo de la Juventud. Pero nuestras fuerzas son limitadas y no podremos hacer nunca movilizaciones tan fuertes que cambien la política de un gobierno. Cuando Marruecos presente el proyecto de autonomía, veremos si España lo apoya en la ONU, y si lo hace entonces vamos a hacer una campaña fuerte contra el Gobierno.

D.: El problema quizás radique en que muchas asociaciones destinan la mayor parte de sus energías al trabajo humanitario, en detrimento de lo político...

J.T.: No, porque no llegarías a tener una fuerza política si no empiezas por los sentimientos. Nosotros sabemos que de cada diez niños que vienen a familias españolas, tres o cuatro familias se quedan ligadas a la causa política. El proceso de llegar a la gente al corazón para luego llegar a la razón es muy necesario.

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Querella por genocidio
CEAS-Sáhara y otras asociaciones de juristas y de derechos humanos han interpuesto en la Audiencia Nacional una querella criminal contra militares marroquíes por genocidio y crímenes contra la población saharaui. Para ello, durante dos años y medio han recopilado datos y testimonios de testigos de 80 casos de desapariciones, torturas y muertes de saharauis que en su momento poseían nacionalidad española. Casualmente el Gobierno de Zapatero premió en enero de 2005 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a varios de los acusados, entre ellos al general Hamidu Laanigri, ex director general de la Seguridad Nacional, recientemente cesado por Mohamed VI por su relación con redes de narcotráfico.